"ALBERTO BASTA"
Una por una, las medidas que serán rechazadas en la marcha: cargos de $800 mil, jueces y fiscales amigos y aguantaderos políticos para obstruir la gestión de Poggi
En las últimas semanas lanzó una embestida con un paquete de medidas para dejar a sus acólitos dentro del Estado después del 10 de diciembre. Aumenta el gasto político. Invitan a una movilización para "defender el cambio". "No permitiremos que nos condenen a la pobreza y la desesperanza", afirmaron desde la convocatoria.
Una serie de decisiones adoptadas por Alberto Rodríguez Saá después de la derrota electoral está orientada a favorecer a su aparato político y sus seguidores con fondos públicos.
Algunas de esas iniciativas están prácticamente consumadas y otras están en trámite para materializarse en el transcurso de la semana que se inicia.
Así el proceso para montar un Gobierno paralelo ha comenzado. Las maniobras para lograr su objetivo incluyen todo tipo de artilugios desde crear nuevos cargos políticos rentados hasta convertir estructuras del Estado en refugio cuasi partidario.
“El gobernador saliente presentó varios proyectos de ley que tienen un solo objetivo: crear un gobierno paralelo que sirva de aguantadero a los actuales funcionarios más allá del 10 de diciembre”, denunció Claudio Poggi en un video que difundió el último martes través de redes sociales.
“Si el gobernador pretende incendiar la provincia, los sanluiseños no se lo vamos a permitir y estaré a la cabeza. Cuando asuma la gobernación, voy a anular todas estas acciones”, adelantó el gobernador electo que este lunes por la tarde se sumará a la marcha para rechazar las polémicas acciones impulsadas por Terrazas del Portezuelo que implican un fuerte aumento del gasto político.
Estas acciones son tendientes a obstruir la gestión del futuro Gobierno se viene señalando desde Cambia San Luis.
Una por una las medidas del gobierno paralelo
|53 cargos de funcionarios de $800 mil
El primer manazo ya lo dio: gracias a sus legisladores en las Cámaras de Senadores y en Diputados, pudo ser sancionada la Ley que crea una mega estructura de puestos con sueldos altísimos en la Legislatura.
La norma suma 53 cargos jerárquicos con salarios que oscilan los $800 mil y que se desempeñarán dentro de un cuerpo especial de directores de comisión.
¿El argumento oficial? “fortalecimiento del trabajo legislativo”. Esa es la definición que se desprende de los fundamentos del proyecto porque ningún legislador albertista quiso hablar con los medios para argumentar al respecto.
|Candidato derrotado a la defensoría del Pueblo
En la semana también fue llamada la Asamblea General Legislativa por parte del vicegobernador, Eduardo Mones Ruiz, para el martes 1 de agosto con la intención de designar al Defensor del Pueblo.
El nombre elegido por el gobernador para el cargo que hace casi 20 años está vacante es el de Enrique Ponce. El dirigente perdió las elecciones en la ciudad de San Luis como candidato a intendente de la capital por el Lema Unión por San Luis, y ahora Rodríguez Saá lo premiará.
En marzo Ponce fue designado asesor de la Gobernación con un sueldo de casi $800 mil y en casi forma simultánea anunció su postulación a la intendencia en el marco de la estrategia de Terrazas del Portezuelo para potenciar la reelección de Sergio Tamayo.
El puesto, con jerarquía constitucional, está acéfalo desde noviembre de 2004. La institución fue vaciada por el propio oficialismo albertista ya que nunca promovió el nombramiento del ombudsman.
|La UPrO, guarida albertista
La otra polémica iniciativa enviada al Senado es sobre una reforma en la ley de la Universidad Provincial de Oficios “Eva Perón” (UPRO) donde aumenta seis veces los recursos.
Se pretende que ocupe como mínimo el 3,5% de los recursos de la Provincia y habilita a modificar la estructura para generar más cargos.
Además se introduce una reforma a medida: el Poder Ejecutivo (es decir, Rodríguez Saá) podrá designar al rector y vicerrector, autoridades que ejercerán sus funciones por cuatro años.
A ello se le suma que sólo podrá ser intervenida a través de una Asamblea Legislativa con el acuerdo de las dos terceras partes de cada una de las Cámaras por plazo determinado, que no podrá ser superior a los seis meses.
Traducido, la UPrO se convertirá en un “aguantadero” de funcionarios de Rodríguez Saá. La nueva ley le otorga total autonomía, la transforma en intocable.
|Más empleo público
Al igual que el anterior proyecto, se presentó en la Cámara Alta una iniciativa para modificar el “Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos de la Administración Provincial en el año 2023”.
Pese a ser sancionado el año pasado íntegramente por los legisladores oficialistas, ahora el Gobierno pretende darle un giro a la llamada “Ley de leyes”.
En pocas palabras, se busca otorgar a Terrazas del Portezuelo un cheque en blanco para poder nombrar más personal.
| jueces y fiscales amigos
En las últimas semanas el gobernador envió los pliegos al Senado de 17 fiscales y defensores adjuntos.
El listado incluye funcionarios que al ser designados en forma transitoria no se sometieron a las audiencias de evaluación técnica del Consejo de la Magistratura. Otros fueron considerados “no recomendables”, es decir fueron bochados.
Se trata en varios casos de ex funcionarios y asesores del ministerio de Gobierno, Justicia y Culto y de otros ministerios. También fue promovida una ex presidenta del Consejo provincial del PJ.
También se inició el trámite de nombramiento de José Guillermo L’Huillier como ministro del Superior Tribunal de Justicia. El edicto ya fue publicado en el Boletín Oficial.
En la actualidad es asesor en la cartera de Gobierno.
|Nombramiento de funcionarios como empleados públicos
Una de las primeras medidas que tomó Alberto Rodríguez Saá después del 11 de junio fue la contratación de funcionarios como empleados públicos, más allá del 10 de diciembre.
|Fiscal de Estado
Rodríguez Saá solicitó el acuerdo y la mayoría oficialista la concedió en el Senado.
Roald Cattaneo fue designado fiscal de Estado y Melina Maluf Martínez como fiscal de Estado Adjutor.